Vayamos a las fuentes

Hay un tema que lleva varios meses rondándome la cabeza, más los últimos días. Las autoridades procesistas han dicho por activa y por pasiva que se protegerá a los funcionarios. Lo cual me cuesta creer. Pero, ¿qué hay de las empresas? Tras la convocatoria del referéndum del 1 de octubre (ya suspendida), el Govern habrá solicitado a empresas que realicen servicios de cara al referéndum (página web, publicidad, buzoneo y tantos más). Posiblemente varios de estos servicios se lleven a cabo dentro de acuerdos marco en los que la Generalitat pueda incluso actuar por sí misma (imaginemos por ejemplo servicios de hosting). En estos casos, es posible que dichas empresas sean requeridas a no realizar dichos servicios, poniéndose en una situación delicada a empresas, en muchos casos posiblemente multinacionales, que nada tienen que ver con el proceso secesionista ni tienen interés alguno en perder clientes. Imagino que la gran mayoría de dichas empresas cumplirían con las instrucciones de las

Tras bastante tiempo desatendiendo el blog, los acontecimientos recientes hacen que me ponga de nuevo manos a la obra, dado que revisten especial gravedad. Asisto atónito al desafío que el Parlament lanza al Estado de Derecho, lo que podemos llamar con toda propiedad un Golpe de Estado. Un Golpe de Estado, según la definición clásica de Kelsen, consiste en la anulación y sustitución de forma ilegítima de un ordenamiento jurídico por otro, siendo ilegítima cuando las normas jurídicas son invalidadas de forma distinta a la que el mismo orden jurídico determina, es decir, cuando se viola la legalidad vigente. Esto, que innegablemente ha sucedido en Cataluña los pasados días, es por tanto un Golpe de Estado, si aceptamos la definción de Kelsen como válida. Los procedimientos, en Democracia, son una parte fundamental de la misma, siendo los procesos los que garantizan la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de todos los parlamentarios, tanto de las mayorías como de las minorías.